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Iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone penas de hasta 30 años de prisión y multas millonarias para quienes integren a menores en actividades ilegales.

El Congreso Nacional recibió y asumió el estudio de un proyecto de ley que busca sancionar con rigor a quienes recluten a menores de 18 años para cometer delitos o participar en actos que violen la normativa vigente. La propuesta, presentada por el Poder Ejecutivo en agosto ante el Senado de la República, contempla penas máximas de 30 años de prisión y multas equivalentes a hasta 1,000 salarios mínimos del sector público para los responsables de esta práctica. La iniciativa refleja un compromiso estatal por proteger a la población infantil y adolescente, así como por fortalecer el marco legal contra redes que aprovechan la vulnerabilidad de los jóvenes.

El anteproyecto de ley no solo se limita a establecer castigos severos, sino que también propone un enfoque integral para abordar el problema. Entre sus disposiciones, se incluyen medidas de prevención para evitar que los menores sean captados, así como mecanismos de detección temprana en comunidades y entornos educativos. Además, se establecen protocolos de protección, rescate y recuperación para las víctimas, junto con estrategias de reintegración social y reparación integral del daño causado. Un aspecto clave es la responsabilización penal de las personas jurídicas que, directa o indirectamente, estén vinculadas a estas redes delictivas, lo que amplía el alcance de la ley para incluir a empresas o instituciones que, por acción u omisión, faciliten estas prácticas.

La iniciativa surge en un contexto donde el reclutamiento de menores para actividades ilícitas ha aumentado, convirtiéndose en una preocupación prioritaria para las autoridades y la sociedad. Al buscar armonizar la legislación con estándares internacionales de derechos humanos, el proyecto busca no solo disuadir estas conductas, sino también garantizar justicia para las víctimas y sus familias. La discusión en el Congreso será fundamental para definir los alcances de la ley y asegurar que su implementación sea efectiva y oportuna, con el objetivo de erradicar estas prácticas y ofrecer a los menores un entorno seguro y protector.

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