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Gastos en insumos, mano de obra y preparación de tierras encarecen el cultivo local, mientras importaciones con subsidios ganan terreno.

La producción de arroz en República Dominicana enfrenta un desafío creciente: sus costos operativos están estrechamente ligados a factores como el precio de los insumos, la preparación de los terrenos y la mano de obra, elementos que definen la inversión inicial que debe realizar un agricultor antes de comercializar su cosecha. Esta estructura de costos, que se ha vuelto cada vez más onerosa, coloca a los productores locales en una posición desfavorable frente a las importaciones provenientes de países como Estados Unidos, donde los cultivos reciben protección estatal y fuertes incentivos económicos. La brecha en competitividad se amplía cuando se compara la eficiencia de los sistemas agrícolas dominicanos —con limitaciones en escala y tecnología— con los modelos altamente subsidiados de naciones con mayor desarrollo agrícola.

Los datos oficiales, obtenidos del Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), revelan una tendencia preocupante: mientras en 2019 el costo estimado para producir arroz bajo el método de siembra directa era de RD$5,863.42 por tarea, para 2021 esta cifra había escalado a RD$7,900.40, incorporando variables como financiamiento e imprevistos. El aumento de RD$2,036.98 (equivalente al 34.7%) en solo dos años refleja el impacto de la inflación, la escasez de insumos y la presión salarial en el sector. Estos incrementos no solo reducen los márgenes de ganancia de los agricultores, sino que también limitan su capacidad para competir en un mercado donde el arroz importado, beneficiado por subsidios externos, llega a precios más accesibles.

Ante este escenario, los actores del sector arrozero dominicano han alarmado sobre los riesgos de una mayor dependencia de las importaciones, que podrían desplazar a los productores locales y afectar la seguridad alimentaria del país. Aunque el Gobierno ha implementado algunas medidas para apoyar al sector —como programas de crédito y asistencia técnica—, los productores insisten en la necesidad de políticas más robustas que equilibren el campo con la industria importadora. Sin un apoyo concreto que mitigue los altos costos de producción, la sostenibilidad del cultivo de arroz en República Dominicana enfrenta un futuro incierto, con posibles consecuencias para la economía rural y la soberanía alimentaria.

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