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Críticas al POT: “O muere Planeamiento Urbano o el Ministerio de la Presidencia”, señala el abogado durante encuentro comunitario.
El abogado Norberto de la Rosa emitió una advertencia contundente sobre las posibles repercusiones que podría generar la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en la sección de El Salado, generando un debate en torno a su implementación. Durante un encuentro comunitario, el jurista destacó que el proyecto, tal como está planteado, amenaza con socavar el desarrollo local y, en sus palabras, podría llevar a la desaparición de instituciones clave como Planeamiento Urbano o el Ministerio de la Presidencia. Su intervención se dio en un contexto de tensión social, donde los residentes exigen que la planificación urbana se ajuste a las necesidades reales de la zona, evitando decisiones que ignoren su contexto.
De la Rosa fue enérgico al señalar que El Salado debe ser considerado como un área 100 % urbanizable, rechazando de plano lo que denominó un plan impuesto desde instancias superiores. Su postura refleja el descontento de los propietarios y habitantes, quienes argumentan que el POT limita su derecho al desarrollo y desconoce las particularidades del territorio. Los comunitarios, en voz alta, exigieron una revisión urgente de la tipificación de los terrenos, insistiendo en que cualquier modificación debe partir del respeto a los dueños legítimos y a las proyecciones futuras de la comunidad. La discusión se centró en cómo garantizar que la planificación no se convierta en un obstáculo para el progreso local.
Ante la presión social, el abogado y los líderes comunitarios coincidieron en la necesidad de un diálogo constructivo con las autoridades responsables del POT, para evitar que la normativa termine ahogando las aspiraciones de crecimiento de El Salado. Mientras tanto, las autoridades aún no han emitido una respuesta oficial sobre las demandas planteadas, aunque se espera que en los próximos días se convoque a una mesa de trabajo donde se escuchen las propuestas de los afectados. La comunidad mantiene su posición firme: el ordenamiento territorial debe ser flexible, participativo y alineado con la realidad del sector, sin imposiciones que pongan en riesgo su futuro.
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